En los últimos meses mucho hemos venido hablando acerca de la nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas, en el Edificio donde actualmente se encuentra Abengoa y la Universidad Loyola Andalucía. Las principales críticas a este proyecto se centran, de un lado en la lejanía y las dificultades de acceso y de otra en la dispersión que este proyecto conlleva al quedarse la Audiencia Provincial en la actual Ubicación del Prado de San Sebastián.
En cuanto a la lejanía, resaltar algo que siempre escuché de los operadores judiciales durante estos años y eran las bondades de la Ciudad de la Justicia de Málaga inaugurada ya hace doce años, pues bien, dicha infraestructura se encuentra a unos cinco kilómetros del centro de la capital malagueña, mientras que Palmas Altas lo está a tan sólo seis kilómetros del Prado de San Sebastián, luego, a mi juicio, no parece sea una infraestructura excesivamente lejana del centro de la ciudad.
El segundo de los inconvenientes radica en las dificultades de acceso, algo que es fácilmente subsanable y en lo que ya ahí acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) y la Junta de Andalucía (PP/Ciudadanos) para aumentar las líneas de Tussam e incluso construir una línea de cercanías, algo nada descabellado si tenemos en cuenta la cercanía de la dotación ferroviaria de Puerto de Sevilla. Y además, para una vez que se ponen de acuerdo Administraciones de signo político diferente…….
La dispersión al quedarse la Audiencia en el Prado de San Sebastián quizá sea a mi juicio el único inconveniente, si bien la gran mayoría del tráfico judicial, aproximadamente el 80% acontece en la primera instancia que se encontraría agrupada en Palmas Altas.
Por el contrario, desde el punto de vista económico que es el que me compete analizar, ciertamente no hay color. El proyecto de Palmas Altas supone de una parte el aprovechamiento de una infraestructura que se va a quedar en breve sin uso, un ahorro de tiempo dado la ejecución de la adaptación del edificio existente conllevaría menos tiempo que la construcción de un nuevo Edificio, lo que a su vez supone un importante ahorro para las arcas públicas porque no olvidemos que el coste anual de las sedes judiciales que tiene alquiladas la Junta de Andalucía en Sevilla asciende a mas de 5 millones de euros anuales. Y finalmente la adaptación del Edificio es infinitamente más barata que la construcción de un nuevo Edificio. Según leo en prensa el coste de adaptación estaría en torno a 80M de euros mientras la construcción sería de 150M de euros, y ahorrar 70M es mucho más importante que los inconvenientes que esto pueda suponer, además hemos de recordar que toda mejora comenzó con un empeoramiento.
Fdo. Francisco José Tato Jiménez
Decano del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla